El ejercicio de la actividad política en algunos países, cuando se es honesto, suele oscilar entre el descrédito y la muerte.
Tal luce ser el caso de Pedro Castillo, ex presidente de Perú, que en apenas un año y días como jefe del gobierno, fue derrocado acusado de actos “corruptivos”.
Y por tales supuestas acciones, la fiscalía solicitó 31 años de prisión.
Sin embargo, Pedro Castillo ejerció la presidencia con una bota sobre su cuello y un fusil invisible apuntando a su cabeza.
No obstante, para cometer las “acciones corruptivas” de las cuales da cuentas la fiscalía, el destituido mandatario, habría escapado a la provincia de Cajamarca, distante a 810 kilómetros de Lima, y robar la mina Yanacocha, la más grande de Sudamérica.
Ejerciendo la presidencia de Perú, por un tiempo brevísimo y bajo una vigilancia extrema, sorprende que Pedro Castillo haya cometido los “actos de corrupción” que arguye el ministerio público peruano.
Difícilmente los militares y su figura decorativa, Dina Boluarte, puedan sostener en el tiempo, los cargos políticos contra el presidente que el pueblo eligió y ellos derrocaron.